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En estas tres comunas, casi la mitad de los residentes de comunidades de edificios y casas adeuda este pago. A nivel país, este indicador llega a 28,6%, 4,4 puntos más que el año pasado. DIEGO AGUIRRE
MI METRO CUADRADO
Con calculadora en mano se han visto cientos de miles de chilenos en los últimos meses, haciendo malabares para seguir cumpliendo con sus obligaciones económicas debido a los efectos que ha tenido la pandemia, y anterior crisis social, en sus bolsillos. Acá es donde el pago de los gastos comunes ha sido un dolor de cabeza para los habitantes de comunidades residenciales (edificios y conjuntos de casas), pues muchos han tenido que postergar estas obligaciones.
Según un informe a junio de la plataforma de administración de edificios y condominios Comunidad Feliz, un 28,64% de los residentes a nivel país se encuentran morosos en una o más cuotas de gastos comunes. En la Región Metropolitana, el promedio baja a 26,01%, aunque con comportamientos extremadamente dispares según cada comuna. De hecho, en Cerrillos, Estación Central y Puente Alto, la morosidad se dispara, llegan a tasas de 54%, 49,29% y 46,56%, respectivamente. Es decir, en prácticamente la mitad de las comunidades que existen en esas tres zonas hay personas que no han pagado a tiempo sus gastos comunes. De estas, Estación Central es la más complicada, ya que de los morosos, más de un tercio adeuda tres meses o más (ver infografía).
A nivel nacional, la Región de Atacama (59,59%) es la que registra la morosidad más alta en este período. David Peña, gerente general de Comunidad Feliz, explica que esto se debe a la desaceleración de la minería que está afectando a la zona: “En términos inmobiliarios, los departamentos son ocupados por trabajadores de forma temporal, quienes tienen sus residencias en otras partes del país. Esta tendencia se arregla de forma veloz, cuando se reactiven las operaciones en las minas, y esto ya vemos que está sucediendo”.
Respecto del año pasado, se observa que la morosidad aumentó en 4,4 puntos porcentuales a nivel nacional, mostrando su mayor alza en las regiones del Maule y Atacama, donde ambas duplicaron los índices de no pago de servicios residenciales.
DESEMPLEO y aumento de los cánones
David Peña explica que las razones del no pago que han logrado identificar son variadas, pero que dos puntos centrales las resumen: el desempleo y el aumento en los gastos comunes. “La desocupación ha influido fuertemente en la capacidad de pago de las personas. Esto afecta más a ciertas comunas, y dentro de las distintas responsabilidades financieras que tienen los residentes, el gasto común queda bajo las prioridades”.
Por otro lado, “sumando el estallido social y la pandemia, los gastos de los condominios han subido cerca de 20%. Esto lo vemos por gastos en reemplazos (las remuneraciones son más del 50% de este ítem) y aumento en el presupuesto de sanitización para espacios comunes”, dice Peña.
Un punto preocupante es que se mantenga esta morosidad por períodos prolongados, dice Renato Deformes, gerente general de Copropiedad Inmobiliaria y presidente del Registro Nacional de Administradores. “Esto impediría, por ejemplo, pagar los sueldos y las cotizaciones previsionales del personal, produciéndose con ello el término de la relación laboral, con lo que los edificios y condominios de casas quedarían sin personal suficiente y entregados a la buena voluntad de los residentes para continuar manteniendo su funcionamiento a media marcha”, asegura.
Ante el no pago, se arriesgan al CORTE DE LUZ
Reinaldo Gleisner, consultor del Área de Brokerage de Colliers International, explica que la morosidad evidenciada en el contexto de pandemia es una consecuencia propia de la caída real o esperada de los ingresos. “Es un gasto, que según la ley, se puede postergar tres meses, donde las acciones de cobranza son a partir del tercero”.
Adicional a los intereses propios de cualquier deuda establecida, el propietario o arrendatario arriesga el corte del suministro eléctrico de su vivienda dentro de la comunidad, advierten expertos. Sin embargo, Deformes comenta que pese a que es una medida plenamente vigente, sería muy impopular e injusta por la situación país que se está viviendo. “Debe tenerse en cuenta que los morosos de hoy, por lo general, son residentes que siempre mostraron un comportamiento de pago regular y estable, y que ahora, dada las condiciones extremas, no están pudiendo solventar esos pagos”.
Asimismo, agrega, la morosidad inhabilita a los copropietarios en múltiples funciones dentro de la comunidad. Una de estas es la facultad de participar en asambleas, perdiendo el derecho a voto o a ser elegidos como representante de cargos, entre otros.
DESCONFINAMIENTO también existirá en espacios comunes
La puesta en marcha de la liberalización social también afectará a las comunidades de edificios y casas, las cuales –según avancen las etapas del Plan Paso a Paso- podrán dar vida a los espacios de uso colectivo que se encontraban durmiendo desde marzo.
Sin embargo, esta reapertura tendrá que ir de la mano de todos los protocolos sugeridos por la autoridad sanitaria, siendo la distancia física uno de los puntos más importantes de concretar.
Luis Ignacio Montalva, gerente de Asset and Property Management de Montalva Quindos, explica que cada comunidad deberá establecer la habilitación de sus espacios comunes, “respetando el máximo de personas que la autoridad sanitaria permita para congregarse; no dejar de usar mascarillas ni de lavarse las manos, pero sobre todo, mantener, por difícil que sea, la distancia física”.
David Peña, gerente comercial de Comunidad Feliz, afirma que la prueba de fuego se verá en septiembre para Fiestas Patrias: “Para esa fecha, se espera que los protocolos de vuelta a la normalidad hayan hecho que los edificios abran sus áreas comunes”.
