La normativa, publicada el 30 de junio de este año, busca agilizar el desalojo de arrendatarios, iniciando un procedimiento legal solo con la presunción, por parte del propietario, de daños en el inmueble. Por otra parte, refuerza los derechos de los dueños en la restitución de una vivienda, con el pago de todas las cuentas adeudadas. De ser necesario, para el abandono de una propiedad, el juez podría establecer el uso de la fuerza pública.
Matías Montalva, gerente de Intermediación conversó sobre el tema con Josefina Ríos y Juan Pablo Larraín en el programa «Información Privilegiada» de radio Duna.